-Fidel Molina considera que las medidas adoptadas por el Botànic “son la puntilla que puede acabar definitivamente con el sector”.

    Los hosteleros valencianos han mostrado su satisfacción por el hecho de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, haya admitido a trámite el recurso que han presentado contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública “por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19”.

    Para Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, entidad que ha presentado el recurso, la resolución de la Generalitat “es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores”. La resolución aprobada por Sanitat Universal ordena el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades de los establecimientos de hostelería y restauración de la Comunidad Valenciana” y el hecho de que el TSJCV haya admitido a trámite el recurso supone “un balón de oxígeno para los hosteleros, ya que existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco”. Para Fidel Molina la concesión de la medida cautelar es fundamental para evitar “graves y perjudiciales consecuencias para los administrados”. El líder de los hosteleros valencianos considera que la Consejera de Sanidad “no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales”. Según la demanda presentada por SOS Hostelería, “estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna”.

    En opinión de Fidel Molina, la disposición impugnada “afecta directamente no solo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. La demanda que presentó SOS Hostelería a través de Romero & Llodrá, señala que “el concienzudo informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia COVID-19 en la Comunitat Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la Resolución ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la situación epidemiológica en los últimos días, aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales”.

    En opinión de los hosteleros, “la imposición del cierre de la actividad hostelera supone la privación absoluta y una intromisión administrativa brutal sobre el derecho constitucional del ejercicio de la libertad de empresa, a un sector tan amplio y significativo en nuestra Comunidad como son la restauración y la hostelería, por lo que, teniendo en cuenta el carácter extraordinario y especial que supone el cierre total de empresas y la suspensión de estas actividades, así como las implicaciones que las medidas suponen, desde un punto de vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico, la Resolución debería haber abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las que se ha decidido su mantenimiento con restricciones menos lesivas”, ha concluido Molina.


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