Las prisas para aprobar la nueva ley del juego han obligado a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a tener que modificar esta ley que las Cortes aprobaron el pasado 11 de junio. Ni dos meses ha durado la norma que se tramitó sin consenso y que nació sin el apoyo de los sectores afectados. Así, la Dirección General del Juego ha abierto una consulta previa a la modificación de esta ley para que las “personas u organizaciones más representativas potencialmente afectadas puedan presentar sugerencias”.  

    De este modo, los hosteleros han vuelto a reclamar “diálogo” al Botànic, ya que consideran que el Gobierno valenciano tiene ahora “una nueva oportunidad para hacer bien las cosas que se hicieron mal hace dos meses”. Fidel Molina, líder de los hosteleros valencianos, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que “ponga orden” en el Botànic “para que los hosteleros sepamos a qué atenernos”. Molina ha exigido un “marco regulatorio claro, que no se modifique cada dos meses. Es imposible que una economía funcione si los empresarios no tenemos la certeza de que una regulación que nos afecta no va a ser modificada dos meses después, tenemos que planificar nuestras inversiones y así es imposible. El hecho de que el Gobierno se esté planteando modificar una ley que se aprobó hace un mes y medio es el reconocimiento del propio Gobierno de que esta ley es una “inmensa chapuza”, ha señalado.

 

    En este sentido, el presidente de SOS Hostelería ha pedido al Conseller de Hacienda y Modelo Económico que “las máquinas de tipo B instaladas en locales de hostelería y similares, con autorización de explotación vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, no cuenten con el sistema de activación-desactivación regulado en el artículo 51.2 de la ley del Juego”.

    El presidente de SOS Hostelería ha asegurado que el Gobierno tiene encima de la mesa un “exhaustivo informe” en el que se demuestra que el establecimiento de este mando “conculca el principio de Seguridad Jurídica y de Confianza Legítima” regulado en el artículo 9.3 de la Constitución Española que establece “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Así, Molina considera que “al establecerse por la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, con carácter retroactivo, que las máquinas de tipo B que ya estaban instaladas y funcionando con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, cuenten con un sistema de activación por control remoto, se conculca claramente los principios de Seguridad Jurídica y de Confianza Legítima”. Fidel Molina ha considerado que la norma supone, de hecho, la “expropiación de las máquinas de tipo B ya que, a pesar de estar instaladas y funcionando de acuerdo a la normativa, ahora deberán ser retiradas y sustituidas por unos nuevos modelos originando a sus empresas operadoras titulares, un enorme daño económico que, en ningún caso, tienen el deber jurídico de soportar”.  

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