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El sector hotelero necesita un nuevo modelo de ERTES con un tratamiento especial que permita su supervivencia hasta haber superado la crisis sanitaria

Además, los empresarios solicitan que se revise la fiscalidad a los trabajadores para que no se vean doblemente perjudicados en la Renta



El sector hotelero necesita un nuevo modelo de ERTES con un tratamiento especial que permita su supervivencia hasta haber superado la crisis sanitaria

    El sector hotelero y alojamiento turístico ha empezado a trabajar en el modelo de ERTES que tienen que pactar los agentes sociales y el Gobierno para sustituir al actual esquema que finaliza el próximo 31 de mayo. 

     Por ello, desde HOSBEC ya se ha contactado con la CEOE y con la ministra de Trabajo y Economía Social para poner sobre la mesa la difícil situación que pasa el sector, cuya recuperación se retrasa ya de forma irrecuperable al otoño por el retraso del proceso de vacunación.

     Para HOSBEC, la revisión de los ERTES a partir del 1 de junio debe llevar una bonificación del 100% para el sector hotelero y el alojamiento turístico por su imposibilidad de abrir puertas durante casi 15 meses.
 
    En el sector hotelero y alojamiento turístico español hay un importante porcentaje de empresas que no han abierto sus puertas ni un solo día desde marzo 2020 (algunas desde noviembre 2019) y que todavía van a tener que permanecer cerradas unos cuantos meses más hasta la recuperación completa de la movilidad nacional e internacional. 
 
    No es admisible en estos momentos que la industria del alojamiento hotelero y turístico no tenga un tratamiento especial en la próxima negociación del sistema de ERTES que entrará en vigor a partir del 1 de junio y que debe formar parte de la mesa negociadora entre Gobierno, CEOE y sindicatos.

    Los epígrafes de CNAE de industria hotelera y de alojamiento turístico que acrediten haber estado sin actividad al menos 12 meses desde el 14 de marzo del 2020 y que tengan que seguir cerrados por los efectos de la pandemia sobre la actividad turística nacional e internacional, tienen que ver bonificados sus cotizaciones sociales para todos los trabajadores que estén en ERTE al 100% independientemente del tamaño de la empresa (mayor o menor de 50 trabajadores).
 
    Solo así se evitará entrar en procesos masivos de concursos de acreedores, quiebras o planteamiento de ERES extintivos por incapacidad para sostener los puestos de trabajo mientras se alcanza una recuperación de la movilidad y del turismo que en estos momentos es muy indeterminada. 
 
    Además, una medida de este tipo contribuirá a mantener la competitividad del sector. Si todos los hoteles y alojamientos se ven necesitados de abrir y operar en el mercado, se producirá una ‘subasta a la baja’ y una estampida que se llevará por delante los precios y el empleo. 
 
    De esta situación ya tenemos ejemplos del pasado verano. El 40% de las empresas hoteleras se mantuvieron cerradas mientras que el 60% que abrieron lo hicieron en condiciones más o menos razonables. Siempre es mejor para un sistema económico como el nuestro tener un 60% de hoteles con actividad y generando ingresos por impuestos y cotización que todos abiertos con pérdidas. 
 
    La crisis que están viviendo estas empresas no tiene nada que ver con su modelo de negocio: eran empresas más que solventes con grandes perspectivas de futuro que vieron sus negocios paralizados de repente por una circunstancia completamente ajena y que las condiciones de evolución de la pandemia en estos meses no han permitido el restablecimiento de su actividad. 
 
    Además, el sector quiere que los trabajadores sujetos a ERTE por Fuerza Mayor tengan un mejor tratamiento fiscal: la empresa y SEPE deben considerarse un único pagador a efectos del IRPF. 
 
    Además, consideramos que la protección de nuestros trabajadores en situación de ERTE debería ser superior. Si ante una situación extraordinaria hay que tomar decisiones extraordinarias, es el momento de considerar al SEPE y a la empresa como un mismo pagador a efectos de aplicar el límite de 22.000 euros para no presentar declaración de la Renta. 
 
    Nuestros trabajadores van a sufrir una triple discriminación: están sin trabajo desde hace más de un año con una merma más que considerable de sus ingresos y van a tener que pagar por IRPF lo que en otros años no pagaban. 
 
    Es de justicia tributaria que no se vean perjudicados de esta manera.


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Fecha de Publicación: 27/04/2021



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